La virulencia de la controversia ha permitido que se quedara casi al margen, oculto por el fragor del choque, un aspecto capital de la reforma. Así, las enmiendas a los artículos 9 y 10 pactadas por el PSOE con independentistas y la ultraizquierda permitirán en breve la implantación en todos los colegios españoles de la asignatura de educación sexual y reproductiva.
Todo apunta a que será impartida, como indican desde Profesionales por la Ética, por «personal dependiente del Ministerio o de las consejerías de Sanidad. En definitiva, por profesionales de la salud ajenos al centro escolar».
Una asignatura que para Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, busca imponer «una ideología particular que pretenden imponerse a toda la sociedad española olvidando el pluralismo ideológico y religioso existente en nuestra sociedad».
En definitiva, va a suponer el adoctrinamiento de los niños para transmitirles una visión concreta, sectaria y bien conocida de la sexualidad. La misma que los expertos invitados por el PSOE han explicado durante la discusión parlamentaria de la ley del aborto. Es decir, y entre otras cosas, la promoción de los anticonceptivos, entre ellos de la píldora del día después, y la banalización del aborto presentándolo como un derecho reproductivo que es lo mismo que plantearlo como un simple método anticonceptivo.
Según la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, la intención del Gobierno es comenzar a impartir esta asignatura a partir de la preadolescencia, de los 11 años, en Sexto de Primaria. Sin embargo, en el desarrollo de la ley nada impide que esa edad se adelante, incluso a los seis años.
Contraproducente
Al respecto, José Jara, presidente de la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid advierte de que «comenzar a hablar de Educación Sexual a edades demasiado tempranas, tal como los 11 años, puede desajustar el desarrollo psicoafectivo de la infancia estimulando de modo precoz una curiosidad disarmónica con el desarrollo emocional. Esta medida puede dar lugar a una mayor precocidad en el inicio de las relaciones sexuales consiguiendo un efecto «boomerang» sobre los objetivos de salud sexual que se pretenden alcanzar. Por ello, esta medida, sin respaldo en la literatura científica, se podría considerar contraproducente y nada deseable».
Al respecto, el doctor Jokin de Irala, subdirector del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, explicó que «el problema que puede tener este tipo de legislación es que se pretendan imponer planteamientos de lo que debe ser la sexualidad y la reproducción humana sana que no tengan nada que ver con las evidencias científicas actuales sobre estas cuestiones, sino que son cuestiones absolutamente opinables e incluso contrarias a la ciencia. La responsabilidad de la educación afectivo-sexual es de los padres y los legisladores deberían garantizarles que puedan educar a sus hijos según sus valores, que en todo el sistema educativo se respetan la diversidad de convicciones existentes».
En este sentido, representantes de la Confederación Católica de Padres de Alumnos y de otras asociaciones ya han manifestado su intención de «objetar» a la educación sexual y reproductiva y exigen que en esa formación «prime la responsabilidad y el respeto a la vida y que sea conforme con las convicciones de los padres». Desde al Plataforma de Padres por la Libertad de Educación apuntan que «ninguna ley puede imponer una sexualidad concreta».