El grupo de la oposición no está de acuerdo con que el proyecto establezca como derecho de la mujer la asistencia especializada en la sanidad pública en materia de interrupción voluntaria del embarazo y de contracepción y pide que se limite ese derecho a la asistencia sobre salud reproductiva sexual, embarazo y maternidad.
La portavoz del PP en las Cortes, Ana Guarinos, ha explicado a Efe que su grupo quiere suprimir de la norma las alusiones al aborto, pero, en materia de contracepción, sólo se opone a lo que afecta a la píldora del día siguiente, pues no está de acuerdo con la manera en que se suministra.
Además, los 'populares' proponen que la norma defina la maternidad como un derecho y no como una "función social", como aparece en el proyecto.
En ese contexto, plantean añadir a la norma un apartado de "derechos de las mujeres embarazadas" que implique la creación por parte del Gobierno regional de un programa de apoyo a la mujer embarazada, con asesoramiento sobre cómo superar problemas y sobre las ayudas a las que puede optar.
Pide prestar especial atención a las menores embarazadas, crear una casa de acogida para embarazadas en situación de desprotección, fomentar la existencia de puntos de asesoramiento y que en ellos se ofrezca "información objetiva sobre los efectos físicos y psicológicos" que el aborto produce en la mujer y sobre las ayudas disponibles "para poder apostar en libertad por la vida de su hijo".
En sus enmiendas, el PP también se opone a la inclusión en la ley de las listas electorales "cremallera" y la obligatoriedad de que en el reparto de cargos en las instituciones y órganos de la administración no haya más de un 60% de personas de un mismo sexo ni menos de un 40%.
Guarinos ha explicado que el PP está de acuerdo con el objetivo de la ley de garantizar un reparto "equilibrado" de cargos, pero no con que se impongan criterios diferentes para las listas electorales y para los organismos públicos.
Otras de las cuestiones que propone suprimir el PP del proyecto son las alusiones a "la formación sobre ciudadanía" y a la promoción desde la Junta de "programas de educación afectivo-sexual para mujeres jóvenes".
Apuesta el PP por el fomento desde la Administración de los planes de igualdad en las empresas, pero no especifica que sea en las que tienen entre 50 y 250 empleados, como dice el proyecto de ley.
En materia de conciliación, apuesta por obligar a la Junta a subvencionar a las empresas que instalen guarderías en los centros de trabajo y a incrementar el número de estos centros.
Otro de los artículos que propone suprimir el PP es el que plantea que las administraciones públicas de la región "garantizarán la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito del empleo público".
En este caso, según Guarinos, se ha pedido la supresión por "ser algo obvio" que en la administración pública no puede haber ninguna discriminación salarial, de modo que no debería ser necesario incluirlo en una ley.
El PP también propone que el Instituto de la Mujer haga un informe sobre igualdad cada año y no cada tres años, como dice el anteproyecto, y que sea el encargado de hacer estudios, de modo que no sería necesaria la creación del Centro de Estudios e Investigaciones de la Igualdad de Género que prevé la norma.
En sus 86 enmiendas, los populares proponen hasta cambiar el nombre del proyecto para reemplazar el "de Castilla-La Mancha" por "en Castilla-La Mancha", pese a lo cual Guarinos ha asegurado que hay base para llegar a un acuerdo con el PSOE en muchos artículos y voluntad de aprobar la ley por consenso. EFE