El consejero portavoz del Ejecutivo foral, Alberto Catalán, ha indicado en conferencia de prensa que el recurso tendrá como argumentos jurídicos, entre otros, las competencias de Navarra y la falta de regulación de la objeción de conciencia.
Catalán ha señalado que el Gobierno ha adoptado el acuerdo hoy dado que el 3 de junio finaliza el plazo para poder recurrir y una vez que se dispone ya del "preceptivo" informe del Consejo de Navarra.
Un informe que no aprecia invasión de competencias, el argumento esgrimido desde un principio por el Gobierno para recurrir al Constitucional, pero que, según Catalán, sí "informa favorablemente la interposición del recurso".
El consejero ha señalado además que el Gobierno dispone de otros informes jurídicos que aprecian una vulneración de las competencias forales y que, en todo caso, el informe del Consejo de Navarra "es preceptivo pero no vinculante".
Preguntado por otra parte por la dimisión que el presidente Miguel Sanz pudo haber planteado la semana pasada si el diputado de UPN votaba finalmente en el Congreso en contra de las medidas de reducción del déficit, el portavoz del Ejecutivo navarro ha declinado dar información porque ésta es "una cuestión interna del partido, un debate interno, independientemente de las consecuencias".
Y ha reiterado que "la coherencia y responsabilidad es algo que siempre ha primado, prima y primará en UPN".