El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) validó una iniciativa de cuatro abogados, respaldada por 150.000 firmas, 20.000 más de las exigidas legalmente, para demandar que sea la voluntad popular y no el Poder Legislativo quien decida si se permiten las uniones civiles de gays y lesbianas. Además fijo el 5 de diciembre para realizar la consulta. Su concreción está ahora en manos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que debe decidir sobre un recurso contra la iniciativa, basado en que los derechos humanos no pueden ser sometidos a la consulta ciudadana. En la unicameral Asamblea Legislativa costarricense se discute desde 2006 el proyecto de ley de Unión Civil de parejas homosexuales. El referendo es abiertamente promovido por Observatorio Ciudadano, una organización que tiene detrás a la Iglesia Católica, en un país con mayoría de fieles de esa confesión religiosa y al que organizaciones humanitarias acusan de estar derivando a un "integrismo religioso", con la intervención de la jerarquía católica en asuntos políticos. La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, muy cercana a la jerarquía católica, pidió una discusión respetuosa, "libre de estigmas y reduccionismos", y dio a entender su posición contraria a la unión civil de los homosexuales al indicar que el tema "no es prioridad". La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum dijo a IPS que "estamos totalmente en contra" de la realización del referendo. "Es un tema de derechos humanos, que no se puede dejar en manos de un grupo de homofóbicos católicos", aseguró. Al mismo tiempo, remarcó, sería perjudicial para un grupo minoritario, cuyos derechos deben ser defendidos. El TSE fijo para el referendo la fecha en que se celebrarán los comicios municipales. Ello facilita que lo voten más de 30 por ciento del padrón electoral, un requisito para que el resultado sea vinculante, dijo a IPS la abogada Alexandra Loría, una de las promotoras de la iniciativa. Los sondeos de opinión y los movimientos sociales coinciden en que el resultado del referendo sería contrario a que Costa Rica se una al grupo de países que aprueban las uniones legales entre personas del mismo sexo, dada la presión de la Iglesia Católica y de otras, y la resistencia de de la mayoritaria población conservadora a ampliar los derechos de los homosexuales. De hecho, buena parte de las firmas fueron recogidas en templos de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas. Nueve instituciones crearon la Coalición de Organizaciones y Grupos de la Diversidad Sexual de Costa Rica, para luchar contra la realización del referendo, que es considerado por sus integrantes como un intento de violación de derechos humanos. En apoyo a la coalición llegó el abogado Esteban Quirós, quien interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, al considerar que una consulta popular para el tema de los derechos de los homosexuales viola la carta magna costarricense. "Creo que lo van a frenar", dijo Quirós a IPS. Argumentó que Costa Rica ha suscrito diversos tratados internacionales que confirman que los derechos fundamentales no pueden someterse a referendo. Entre esos tratados, destacó la Declaración Universal de los Derecho Humanos, la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En caso de que la Sala Constitucional se pronuncie a favor de la consulta, Quirós anticipó que elevaría el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está justamente en San José. Loría desechó que haya un tema de derechos humanos en debate. "Creemos en el matrimonio y en la familia tal y como se recoge en nuestra Constitución. El nombre del proyecto es irrelevante, importa el contenido", al asegurar que solo se eludió la palabra matrimonio para evitar enfrentamientos. Ofelia Taitelbaum, como defensora de los derechos ciudadanos, criticó el silencio del gobierno en su conjunto, si bien es cierto que, a título personal, tanto la ministra de Salud, María Luisa Ávila, como el de Educación, Leonardo Garnier, se han colocado del lado de los derechos de los homosexuales. Taitebaum consideró que hay una campaña homofóbica para impulsar el referendo que si no es controlada "desatará una ola de violencia contra este colectivo". "Es un asunto de seguridad nacional", aseguró al demandar un pronunciamiento del Ejecutivo. Mientras, los colectivos homosexuales tienen preparado un "plan b" por si finalmente el referendo sale adelante y se confirma el anticipado resultado del rechazo a legalizar las uniones homosexuales. Esa alternativa es la presentación de una "mega-moción" sobre un nuevo proyecto de ley que también ampara la legalización de las parejas del mismo sexo, dijo a IPS Abelardo Araya, presidente del Movimiento Diversidad, uno de los más visibles en la lucha de los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Se trata del proyecto de ley 17668 de Sociedades de Convivencia, que cuenta en la Asamblea con un mayor consenso aún que el de Unión Civil entre personas del mismo sexo. "El referendo, si se hace, será un desperdicio de recursos, porque el proyecto de Unión Civil va a quedar superado por otro", dijo Araya. Este movimiento se realizó "en vista de que la pregunta del referendo es muy específica". En esa pregunta se inquiere a los electores en forma precisa si se aprueba o desaprueba el proyecto de ley 16390, por lo que, en caso de llegar a realizarse el referendo y ganar el veto al proyecto, no quedaría afectada la viabilidad del segundo