La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense deberá ahora analizar el caso, que ha generado polémica en el país, al tocar asuntos relacionados a derechos humanos y civiles de una minoría.
La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, explicó a periodistas que la posición de esta entidad es que los derechos humanos de las minorías no pueden ser sometidos a referéndum.
La Defensoría presentó hoy los argumentos jurídicos, que de acuerdo con su criterio "evidencian la existencia de elementos discriminatorios, restrictivos y excluyentes que tendría la aplicación del mecanismo del referéndum en temas de reconocimiento y protección de los derechos humanos".
Desde hace semanas, esta institución, al igual que algunos partidos políticos y grupos activistas por los derechos humanos y homosexuales, anunciaron su rotunda oposición al referendo, que es impulsado por sectores afines a la Iglesia católica y a las denominaciones evangélicas.
Taitelbaum insistió en que "el mecanismo del referéndum no puede ser legítimamente empleado para poner en tela de duda si un determinado grupo de habitantes tiene o no la titularidad de derechos civiles, sociales y económicos, en el tanto que éstos son inherentes a la condición humana".
La Defensoría argumentó que someter a referendo la materia de derechos humanos "es un acto jurídicamente inválido e inconstitucional".
La defensora añadió que la celebración de la consulta más bien podría tener como consecuencia "la legitimación de procesos de exclusión" en un país que goza de excelente reputación como garante de derechos humanos.
La consulta es sobre un proyecto de ley que pretende dar reconocimiento legal a las uniones civiles entre homosexuales, de manera que puedan gozar de derechos como pensión, seguro social, herencia y acceso conjunto a crédito bancario.
La Iglesia católica, evangélicos y grupos conservadores rechazan el proyecto de ley pues consideran que atenta contra la institución de la familia tradicional y los valores morales del país.
El Observatorio por la Vida y la Familia, un grupo afín a estas religiones, recolectó firmas durante más de un año a la salida de los templos, entre otros lugares, para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque la consulta popular, la cual se realizaría el próximo 5 de diciembre, mismo día de las elecciones de alcaldes en el país.