PERU.-El Ministerio de Salud acaba de señalar en un informe que la mortalidad materna en los últimos 10 años disminuyó en casi 50% en todo el país, con lo cual deja como embusteras a las ONG´s abortistas que señalan que no se puede bajar la mortalidad materna a menos que se despenalice el aborto, y a Diego García Sayán, actual Presidente de la CIDH, en ridículo y como irresponsable por adherirse a cifras de estas instituciones y no a las oficiales.

El informe del MINSA señala que según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en el año 2000, la cifra alcanzaba las 185 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que en 2010 la misma se redujo a 93. Es decir, casi un 50% de reducción.

Según el MINSA, “esta reducción se debería a la implementación de las importantes estrategias desarrolladas por el Ministerio de Salud con el fin de mejorar la oferta integral de servicios y satisfacer la demanda de la población en cuanto a salud sexual y reproductiva”. Y aunque el MINSA introduzca lo de la “salud sexual y reproductiva”, este informe ha demostrado que no es necesario la despenalización del aborto para reducir la mortalidad materna, afirmación que se sotiene en las experiencias de otro países como Irlanda y Chile.

El 15 % fantasma

En un reciente artículo del actual Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, titulado “Crónica de muertes evitables” y en el que ratifica su posición abortista, escribe:

“En el Perú se producen más de 350 mil abortos clandestinos al año; 100 mil de ellos en Lima. Lo que significa muerte y con exclusión. Lo primero, porque las condiciones en las que se practican los abortos llevan a que un alto porcentaje de mujeres muera. Según el Movimiento Manuela Ramos, el 15% termina con la muerte de la madre.”

Las cifras de la ONG Manuela Ramos caen en el ridículo junto con las de García Sayán. Estas declaraciones aparecen en las declaraciones de su presidenta Jenie Dador a La República, en el que dice:

Jennie Dador, del Movimiento Manuela Ramos, informó que en nuestro país se practican 370 mil abortos al año, de los cuales el 16% termina en la muerte de la madre.

Dijo que en el Perú estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza. Expresó que en los países más avanzados, donde el aborto es legal, estos problemas son menos frecuentes porque los jóvenes tienen una educación adecuada en orientación sexual.

La activista no solamente pide al Congreso despenalizar el aborto, sino además que la educación sexual llegue a todos los estratos sociales, para evitar este mal y que la mujer pobre tenga las mismas condiciones.

Estas cifras de Manuela Ramos fueron pulverizadas por el análisis hecho por el Population Research Institute:

Dador dice 16% de 370,000. Según las matemáticas eso es 59,200 muertes. Sin embargo, las cifras del Ministerio de Salud del Perú son abismalmente distintas. Estas señalan que las cifras de mortalidad materna vienen disminuyendo, siendo 103 decesos por cada cien mil nacidos vivos, es decir no pasa de 496 decesos al año. Siendo sólo muertes por abortos (provocados o espontáneos) el 6 % de estas, es decir 30 decesos por año.No son entonces 59,200. Son 30.

Es decir, la ONG Manuela Ramos exageró la cifra en casi 2,000 veces.

PERU.-Un reciente artículo publicado en el diario La República el día 28 de setiembre con el falaz título de “Crónica de muertes evitables”, nos confirma la posición a favor del aborto del actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán (DG). Pero no solamente eso, sino su total mimetización o endose con la argumentación de las ONG´s abortistas.

Todo ello demuestra de manera contundente la previa parcialidad de quien tiene que presidir la Corte que verá el caso que se lleva contra el Estado de Costa Rica, por señalar que las técnicas de fecundación in vitro atentan contra la vida de los concebidos durante el proceso.

Lo más grave, es que toda esta argumentación sólo puede ser sostenida si García Sayán no considera al concebido como una persona, y que por no serlo, no tiene dignidad y derechos. En el artículo la vida de la persona concebida es ignorada. La posición de García Sayán es contraria a la mayoría de Constituciones políticas de América.

Para darnos cuenta exactamente algunos de los postulados de este abogado, hemos puesto el artículo con las críticas al respecto. Realmente es asombroso el nivel de ideologización de DG que lo acerca al feminismo radical.

Crítica

En el Perú se producen más de 350 mil abortos clandestinos al año; 100 mil de ellos en Lima. Lo que significa muerte y con exclusión. Lo primero, porque las condiciones en las que se practican los abortos llevan a que un alto porcentaje de mujeres muera. DG utiliza las cifras de las ONG´s abortistas, en lugar de atenerse a las cifras oficiales sobre el aborto clandestino. La estrategia abortista es inflar las cifras, las cuales se basan en métodos estadísticos dudosos, como los que hace el Instituto Guttmacher.

Según el Movimiento Manuela Ramos, el 15% termina con la muerte de la madre. Lo segundo, porque la conexión causal entre aborto y muerte materna afecta especialmente a las mujeres más pobres. Frente a esta dramática realidad es lamentable que no exista una política de Estado proactiva en esta materia y que el tema no reciba la atención que merece por ningún sector político. Nuevamente cifras de ONG´abortistas, en este caso Manuela Ramos (cuyo objetivo es el aborto libre hasta el tercer mes). DG, que es abogado, desconoce que la mortalidad materno infantil no disminuye despenalizando el aborto, sino, como se ha demostrado en Irlanda y Chile, mejorando la atención de salud a la madre y el niño.

Por otro lado, DG siguiendo al pie de la letra el discurso abortista ignora la existencia de otra vida, la inocente y frágil vida del niño concebido.

Algo se puede y debe hacer al respecto. Es obligación de la sociedad y el Estado ofrecer algo distinto que la persecución penal, enfrentar los prejuicios que pudieran existir y no dejarse apabullar por el oscurantismo de un sector eclesiástico ultramontano DG, ataca a la Iglesia por oponerse al aborto. Cae en la fácil injusticia de olvidar que el “No matarás” no es un prejuicio, sino la base de la civilización, a la cual se une el principio de defender a los más débiles de la sociedad, entre ellos el concebido. Defender la vida por nacer, para DG, es oscurantista.

Las mujeres que se someten a un aborto pueden ser sancionadas con penas de 1 a 3 años de cárcel; quienes lo practican pueden ser condenados a 6 años de pena privativa de la libertad. ¿Para qué sirve eso? Especialmente para acentuar la exclusión y la marginalidad pues actúa esencialmente contra mujeres pobres en el contexto de las paupérrimas condiciones en las que los abortos clandestinos se practican. Y la ilusión, sólo la ilusión, de que la persecución penal sirve para algo. Nadie quiere que una mujer vaya a la cárcel o por abortar, como nadie en sus sano juicio considera que basta con la pena para disudir del delito.

DG olvida que una de las funciones de las leyes es persuadir a que no se cometa el delito, y también pedagógica, es decir, señalar qué va contra la dignidad o los derechos del otro.

Siguiendo dicho criterio se debería despenalizar el robo menor.

¿Qué hay que hacer al respecto? Como condición previa, considerar este problema como lo que es: un asunto de salud y de política pública. Y que concierne a toda la sociedad, pero en particular a sus autoridades que no pueden ponerse “de perfil” en el tema. DG nuevamente sigue el discurso abortista, el cual basado en cifras infladas, señala que el aborto es uno de los temas que deben entrar en la agenda de salud pública. Pero esto de poner en la agenda pública es sólo para seguir con los siguiente dos pasos.

Se deben dar urgentemente dos pasos. Para empezar, abrir un debate franco y sincero como el que se está abriendo en Colombia por iniciativa del gobierno. Lo del “debate franco” es parte también de las estrategia abortistas de las ONG´s peruanas.

Cuando se habla de de “debate franco”, DG quiere decir que se debe partir que la vida del concebido pueda estar sujeta a la decisión de la mujer. Es decir que la mujer puede eliminar a su hijo. Es como si DG dijera que los “derechos humanos” también deben ponerse en un “debate franco”. DG olvida que hay principios que no son debatibles porque implican tal grave injusticia que pone en entredicho las bases de la sociedad.

La metodología que vienen siguiendo en Colombia es un muy buen ejemplo a tomar en cuenta. Durante un año una comisión encabezada por el viceministro de Justicia ha preparado un diagnóstico con propuestas. El documento ya es público. Sobre esa base, esta semana el Consejo de Política Criminal –en el que participan el gobierno, los tribunales, la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía, entre otros– empezará a discutir el documento y, especialmente, sus propuestas. Entre las propuestas: que el Estado deje de perseguir a las mujeres que deciden abortar y avanzar hacia “una despenalización mucho más amplia que la que actualmente existe”. Como fundamento usa conceptos perfectamente aplicables al Perú. Entre otros, que las cifras “muestran que las leyes altamente restrictivas no están asociadas con bajos índices de abortos efectuados”. Y agrega: “La prohibición absoluta no evita los abortos.

Cuál es el sustrato que DG no menciona y lo lleva a elogiar la “metodología” colombiana. Que desde el 2006 en Colombia se ha despenalizado en 3 casos: por violación, eugenésico y cuando peligra la salud de la madre. DG elogia que se esté discutiendo “una despenalización mucho más amplia”, lo que ratifica que la despenalización de algunos casos de aborto, es la estrategia para despenalizar cada vez más casos, hasta conseguir el aborto libre como propone la ONG Manuela Ramos, que es citada más arriba. Y que además señala que esos criterios se podían aplicar al Perú.

Por último DG termina con lógica falaz señalando que un argumento para la despenalización es “la prohibición absoluta no evita los abortos”, efectivamente como tampoco la prohibición absoluta de los asesinatos y robos lo hace, pero nadie propone su eliminación porque lo que busca la norma es persuadir.

Por el contrario, hace que se realicen en condiciones precarias de clandestinidad”. Pero más allá de la coincidencia o no con todo lo que el documento pueda decir, lo que debe resaltarse es que hay un trabajo muy serio para un debate que se ha abierto y que se traducirá en decisiones de Estado antes de fin de año La estrategia es hacerlo entrar en debate, manejar los medios, hacer lobby con el Estado y sacar las leyes abortistas adelante.

Pero sin esperar a que el debate culmine o se cambien las normas en el sentido que se decida, se puede dar otro paso urgente y de enorme relevancia: campañas masivas y de gran impacto de educación sexual y salud reproductiva. Entre otras cosas, para prevenir el embarazo adolescente pues en el Perú entre el 10% y el 14% de los abortos se practica a jóvenes de 15 a 19 años. Emprender estas campañas en serio tiene que ver con el indispensable papel proactivo del Estado. “Campañas en vez de cárcel” es el lema que propone la comisión colombiana. Segundo paso, campañas masivas y de gran impacto de educación sexual y salud reproductiva.

En el Perú, estas campañas, orientadas especialmente en los colegios estatales, prescinden de los padres y se le da un valor mucho más al uso de preservativos y anticonceptivos que al respeto y dominio personal. Las consecuencias de este sesgo al consumo de pastillas es la afición a poner “parches” a la falta de control personal y, por otro lado, a que las chicas terminen aficionándose a llenarse el organismo con hormonas con efectos colaterales para su salud.

Podemos ver el caso de países que comenzaron dando anticonceptivos y luego no pudieron manejar la demanda.

Es loable y un muy buen ejemplo a tomar en cuenta eso de poner en la cancha para el debate no “un tema” o una idea general, sino una propuesta de política pública con un sólido estudio de por medio. Es preocupante que en nuestro país, durante los últimos años haya predominado la indiferencia frente a los abortos clandestinos o, en el mejor de los casos, la ilusión de que la política vigente de persecución penal sirve para algo. No sirve para nada. Pretender tapar el sol con un dedo nunca es solución. Cuando están de por medio las vidas de miles de mujeres cada año, pasa a formar parte de una siniestra complicidad con la muerte.

COSTARICA.-El Instituto Solidaridad y Derechos Humanos (ISDEH) decidió “romper fuegos” ante el inminente peligro que se cierne sobre el respeto a la vida del concebido en Latinoamérica. Hace algunos días dicha Institución denunció ante la ONU que tres jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pretenden violentar los principios y fundamentos de esa institución que es garante de la justicia interamericana, con un fallo basado en la ideología de género.

La violencia contra el espíritu del Pacto de San José, se daría en la próxima resolución del caso Costa Rica, país al que la CIDH, a través del voto de esos Jueces pretenden obligar a legalizar la Fecundación In Vitro (FIV), a pesar de que el Congreso soberano de esa nación determinó por mayoría de votos no autorizar ese tipo de “técnicas de reproducción humana asistida” por considerar que se violenta el derecho a la vida desde su inicio en la concepción.

En un documento suscrito por el Instituto Solidaridad y Derechos Humanos, que preside el abogado Reynaldo Bustamante, entregado en el marco de los trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se señala que los referidos jueces miembros de la CIDH han hecho expresiones y emitido juicios que pone en entredicho su imparcialidad al analizar y resolver el caso de Costa Rica y la Reproducción Humana, ya que los tres se muestran contrarios a la defensa de la vida y contrarios a los principios rectores de la Corte y de los Tratados Internacionales que involucran a las naciones de la región, como lo es el propio Pacto de San José, que establece claramente que todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento en que es concebido.

El análisis de los jueces

La Corte está conformada por 7 jueces:

Diego García Sayán, Presidente; (Perú)

Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente; (Costa Rica)

Leonardo A Franco (Argentina)

Alberto Pérez Pérez (Uruguay)

Margarette May Macaulay (Jamaica)

Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana)

Eduardo Vio Grossi (Chile)

Tres de estos jueces presentan posiciones claramente abortistas:

La Dra. Macaulay se muestra abiertamente a favor de la FIV y de restringir la protección de la vida del concebido.

Alberto Pérez plantea, a través de su cuenta de Facebook, sus preferencias personales hacia grupos que militan por la despenalización del aborto en América Latina, como la Campaña Latinoamericana por el Derecho al Aborto.

Diego García rechaza abiertamente el reconocimiento pleno del derecho a la vida del niño no nacido, en contradicción con la Convención Americana, que sí lo reconoce de manera explícita.

Si bien tales planteamientos no son una posición legal, ni por asomo, sí muestran los prejuicios personales que tienen esos jueces de la Corte IDH en cuanto al derecho a la vida del no nacido, señala el documento entregado hoy aqui a la prensa mexicana.

La sola existencia de dicho prejuicio a favor de la legalización del aborto generan las interrogantes sobre su imparcialidad y buena fe al conocer del caso de la FIV. La promoción de la legalización del aborto podría incluso constituir causal de recusación si se determinara que existe un conflicto de interés, como estipula el articulo 19(1) del Estatuto de la Corte IDH.

Así pues, con el caso de la FIV ante la Corte IDH está en juego la integridad de la Convención Americana de Derechos Humanos, como tratado protector de la vida del ser humano desde su concepción.

Hoy Costa Rica puede ser testigo de un alto total a la corrupción ideológica del Sistema Interamericano, defendiendo con firmeza su ley sobre la FIV.

Lo que la Corte IDH decida tendrá implicaciones sobre la integridad del Sistema Interamericano, sea para salvaguardarlo o para confirmar que hoy en día se encuentra ideologizado y políticamente comprometido, cita el texto.