En su blog oficial, este movimiento expresó su respaldo al Ministro de Salud, Oscar Ugarte, en su decisión de distribuir la PDS a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC); y acusó al Tribunal de discriminar a las mujeres pobres por, supuestamente, permitir la venta de la píldora en las farmacias y prohibir su entrega en los centros de salud.
Sin embargo, Tierra y Libertad no explica que el TC nunca permitió la venta del fármaco en las farmacias, sino que cuestionó al Estado por haber otorgado licencia a un producto cuyo tercer efecto –reconocido por los fabricantes–, es abortivo. El fallo del Tribunal solo prohibió su entrega en los centros de salud públicos porque la demanda interpuesta se refería exclusivamente a este punto.
Asimismo, en su comunicado, el grupo político de Marco Arana tampoco explica que la prohibición del TC se debe a que la píldora, al ser potencialmente abortiva, va contra el derecho a la vida del no nacido, y por tanto, contra la Constitución peruana que protege al concebido.
Tierra y Libertad afirma que Ugarte distribuye la PDS "acatando la opinión de la Organización Mundial de Salud" (OMS), que establece que esta pastilla no es abortiva. Sin embargo, no aclara que esta afirmación se debe a que arbitrariamente la OMS ha establecido que la vida comienza con la implantación del óvulo fecundado en el endometrio, y no en la concepción, que es como señala la Constitución peruana.
En ese sentido, este grupo político no informa a sus seguidores que el TC ya desestimó la opinión de la OMS, pues esta va en colisión con la Carta Magna y el deber del Tribunal es hacer respetar la Constitución; algo que en estos momentos no está haciendo el Ministro de Salud.
Tierra y Libertad afirma que las políticas públicas "deben decidirse en base a los derechos humanos y el acceso a beneficiarse del progreso científico". Sin embargo, desconoce el derecho a la vida de los no nacidos al apoyar la entrega de la PDS y el aborto terapéutico.
Finalmente, este grupo político señala que "las decisiones sobre la vida de políticas de Estado (…) no pueden basarse en creencias religiosas de ningún tipo". Con esta afirmación, desconoce que los sectores opuestos a la entrega de la PDS se basaron en argumentos científicos y jurídicos, y no en posiciones religiosas; tal como se puede leer en el fallo del TC.
Estado laico
En su comunicado, el grupo de Marco Arana también pide "la separación de política y religión y un Estado laico con plena libertad e igualdad para el ejercicio de las creencias religiosas, pero sin compromisos del Estado que discriminen a unas confesiones religiosas y privilegien a otras. La autonomía de lo político se expresará en políticas públicas aconfesionales".
Este pedido muestra el desconocimiento de Tierra y Libertad acerca de la Constitución peruana, la cual no discrimina a otras confesiones religiosas y establece la separación Iglesia-Estado.
"Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas", afirma la Carta Magna en su artículo 50.
Tierra y Libertad no explica a sus seguidores que el Concordato es un acuerdo firmado a nivel de estados: el Vaticano y el Estado peruano.