Minutos después que rechazaron avalar observaciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán para despenalizar el aborto, los legisladores convocaron a otra sesión ordinaria y todos los partidos políticos decidieron aprobar esas mismas reformas pero ahora propuestas por el PRI.
Fue la diputada priísta Ángela María Perera Gutiérrez, quien presentó una nueva iniciativa de reforma para modificar –en el mismo sentido que había propuesto el mandatario estatal- el artículo 150 del Código Penal.
Con 34 votos a favor y uno en contra, del diputado convergente Sergio Vaca Betancourt, se aprobó eliminar la sanción de pena privativa de libertad de uno a cuatro años de prisión y multa de hasta cien días de salario mínimo a mujeres que aborten.
Los cambios legales ahora establecen que “a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto se sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.
Esas reformas dejaron intacto un párrafo más que señala que “a la persona que haga abortar a la mujer sin su consentimiento se le impondrán de seis a dos años de prisión y multa de hasta 75 días de salario”.
Los diputados Alfredo Tress Jiménez del Partido Convergencia y Margarita Guillaumín del PRD, avalaron los cambios legales pero criticaron que ahora haya una contradicción, pues mientras la Constitución local establecerá el derecho a la vida desde la “concepción”, el Código Penal ya no castigará el aborto.
Todos los diputados se felicitaron mutuamente por haber llegado a acuerdos para eliminar cárcel y multas a las mujeres que aborten, ello luego de múltiples protestas de organizaciones civiles y de enfrentamientos verbales entre partidos.
Sin embargo, legisladores del PRD y Convergencia, anunciaron que seguirán peleando para que se de marcha atrás a la reforma constitucional –aprobada en una primera instancia el 17 de noviembre- para garantizar el derecho a la vida desde la concepción, por considerar que es violatoria a los derechos de decidir sobre su cuerpo de la mujer. En sesión ordinaria convocada de último momento, vía fast track, diputados locales aprobaron reformas al Código Penal y eliminaron la sanción de cárcel y multas económicas a mujeres que interrumpan su embarazo.
Minutos después que rechazaron avalar observaciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán para despenalizar el aborto, los legisladores convocaron a otra sesión ordinaria y todos los partidos políticos decidieron aprobar esas mismas reformas pero ahora propuestas por el PRI.
Fue la diputada priísta Ángela María Perera Gutiérrez, quien presentó una nueva iniciativa de reforma para modificar –en el mismo sentido que había propuesto el mandatario estatal- el artículo 150 del Código Penal.
Con 34 votos a favor y uno en contra, del diputado convergente Sergio Vaca Betancourt, se aprobó eliminar la sanción de pena privativa de libertad de uno a cuatro años de prisión y multa de hasta cien días de salario mínimo a mujeres que aborten.
Los cambios legales ahora establecen que “a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto se sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.
Esas reformas dejaron intacto un párrafo más que señala que “a la persona que haga abortar a la mujer sin su consentimiento se le impondrán de seis a dos años de prisión y multa de hasta 75 días de salario”.
Los diputados Alfredo Tress Jiménez del Partido Convergencia y Margarita Guillaumín del PRD, avalaron los cambios legales pero criticaron que ahora haya una contradicción, pues mientras la Constitución local establecerá el derecho a la vida desde la “concepción”, el Código Penal ya no castigará el aborto.
Todos los diputados se felicitaron mutuamente por haber llegado a acuerdos para eliminar cárcel y multas a las mujeres que aborten, ello luego de múltiples protestas de organizaciones civiles y de enfrentamientos verbales entre partidos.
Sin embargo, legisladores del PRD y Convergencia, anunciaron que seguirán peleando para que se de marcha atrás a la reforma constitucional –aprobada en una primera instancia el 17 de noviembre- para garantizar el derecho a la vida desde la concepción, por considerar que es violatoria a los derechos de decidir sobre su cuerpo de la mujer. En sesión ordinaria convocada de último momento, vía fast track, diputados locales aprobaron reformas al Código Penal y eliminaron la sanción de cárcel y multas económicas a mujeres que interrumpan su embarazo.
Minutos después que rechazaron avalar observaciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán para despenalizar el aborto, los legisladores convocaron a otra sesión ordinaria y todos los partidos políticos decidieron aprobar esas mismas reformas pero ahora propuestas por el PRI.
Fue la diputada priísta Ángela María Perera Gutiérrez, quien presentó una nueva iniciativa de reforma para modificar –en el mismo sentido que había propuesto el mandatario estatal- el artículo 150 del Código Penal.
Con 34 votos a favor y uno en contra, del diputado convergente Sergio Vaca Betancourt, se aprobó eliminar la sanción de pena privativa de libertad de uno a cuatro años de prisión y multa de hasta cien días de salario mínimo a mujeres que aborten.
Los cambios legales ahora establecen que “a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto se sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.
Esas reformas dejaron intacto un párrafo más que señala que “a la persona que haga abortar a la mujer sin su consentimiento se le impondrán de seis a dos años de prisión y multa de hasta 75 días de salario”.
Los diputados Alfredo Tress Jiménez del Partido Convergencia y Margarita Guillaumín del PRD, avalaron los cambios legales pero criticaron que ahora haya una contradicción, pues mientras la Constitución local establecerá el derecho a la vida desde la “concepción”, el Código Penal ya no castigará el aborto.
Todos los diputados se felicitaron mutuamente por haber llegado a acuerdos para eliminar cárcel y multas a las mujeres que aborten, ello luego de múltiples protestas de organizaciones civiles y de enfrentamientos verbales entre partidos.
Sin embargo, legisladores del PRD y Convergencia, anunciaron que seguirán peleando para que se de marcha atrás a la reforma constitucional –aprobada en una primera instancia el 17 de noviembre- para garantizar el derecho a la vida desde la concepción, por considerar que es violatoria a los derechos de decidir sobre su cuerpo de la mujer.