El 3 de abril de 1990, con la aprobación de la ley por el Parlamento belga, las mujeres en este país ganaron el derecho de optar por interrumpir un embarazo hasta la décimo segunda semana de gestación. Una vez legalizado, el aborto comenzó a ser realizado en los hospitales por médicos autorizados, que deben respetar condiciones precisas establecidas por la ley. Para el Partido Socialista fue una verdadera "conquista" que sacó de la clandestinidad una práctica corriente en la sociedad de la época y dio a las mujeres garantías de seguridad. "En términos de salud y de expectativa de vida, es una conquista extraordinaria. Ahora las mujeres ya no mueren en consecuencia de un aborto", afirmó la ministra de Sanidad, la socialista Laurette Onkelinx, en un reciente debate en el Parlamento. Según los datos oficiales, 99 por ciento de las embarazadas que interrumpen la gestión por los medios oficiales no han tenido ninguna complicación. Durante ese debate, el jefe del servicio ginecológico del Hospital Erasme, en Bruselas, Yvon Englert, dijo que "el problema de la interrupción del embarazo y de abortos clandestinos realmente existía". "Me acuerdo de una farmacia delante de mi casa que fue cerrada porque la responsable practicaba abortos clandestinos y una mujer acabó muriendo en consecuencia", relató. Sin embargo, la asociación sin fines lucrativos "Acción por la familia", llama atención para el "elevado número" de abortos en el país, "a pesar de los cursos de educación sexual en las escuelas y del libre y barato acceso a diversos métodos anticonceptivos". De cada 100 embarazos registrados en Bélgica, 15 terminan en aborto, una tasa que Englert consideró baja en comparación con países vecinos en los que también se permite la interrupción. Pero para "Acción por la familia", eso pone en evidencia el "fracaso" de la política nacional familiar y de educación sexual. "Si consideramos que una importante parte de los abortos se debe a dificultades económicas y materiales, es complicado hablar de libre elección por parte de la mujer o de la pareja", sostuvo. En lugar de despenalizar el aborto, el Estado debería "asegurar mejor los derechos y la protección de la mujer embarazada frente a su empleador" y considerar la posibilidad de implementar el pago de un "salario parental", defendió la asociación. Asimismo los cursos de educación sexual deberían "llamar atención de los jóvenes para las consecuencias de las relaciones sexuales poco valoradas, sin olvidar de señalar la gravedad del aborto". El 20 aniversario de esa ley, considerada "fundamental" por la ministra de Sanidad, será marcado este domingo por una manifestación estudiantil en protesta contra su existencia. Los participantes recorrerán el centro de la capital con el objetivo de "romper la ley del silencio sobre el sufrimiento y las secuelas psicológicas causados por un aborto". "Las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado deberían recibir apoyo y ayuda para permanecer con sus hijos", de acuerdo con los organizadores del evento.