La Ley afirma que lo que pretende es «garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia de la mujer y de la vida prenatal». Esta protección de la vida prenatal la afirma en cuatro ocasiones. Personalmente, no logro entender cómo se protegen los derechos de la vida prenatal, vida humana según una gran mayoría de científicos y de las que ya se consideran madres, matando al feto.
Tampoco respeta la objeción de conciencia, un derecho humano fundamental, que sólo se autoriza a «los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, que será articulado en un desarrollo futuro de la Ley». Incluso este derecho fundamental sólo puede alegarse, según la Ley, por los directamente implicados, no por el personal secundario, pero ni siquiera los primeros se libran, porque el artículo 19 de la Ley dice: «Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia». En cambio se quiere reforzar la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios en las intervenciones de interrupción del embarazo, para que no se pueda volver a coger con las manos en la masa por prácticas ilegales a un centro abortista. Por cierto, en la formación de los profesionales de la salud entran las prácticas abortivas.
Con respecto a la educación sexual, esta Ley pretende imponer la información y educación afectivo sexual en los contenidos formales del sistema educativo, sin tener en cuenta el derecho primordial de los padres a decidir qué tipo de convicciones ha de darse a sus hijos e incidiendo así en el totalitarismo. Además, la pretensión de dar esta educación con perspectiva de género supone la negación de lo evidente y minimiza las diferencias corpóreas, llamadas sexo, en beneficio de la dimensión estrictamente cultural, llamada género, hasta el punto que cada individuo escoge el sexo y el modo de vida que más le atrae, considerándose la castidad como algo obsoleto.
Pero la gran perla de la Ley es «se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida» (art. 3.2), fórmula con la que se reconoce al aborto como un derecho.
Pocas veces en mi vida, o nunca, he leído un texto legislativo más lleno de cinismo y maldad. Padres y abuelos, estad atentos a lo que sucede y no permitáis que se destroce la vida de vuestros hijos y nietos