Este artículo, sin duda el más polémico de esta normativa, señala, sin embargo, que se prescindirá del requisito de informar a alguno de los progenitores o responsables de la mujer cuando "la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". La ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce el derecho a la objeción de conciencia a los sanitarios implicados en la interrupción de un embarazo.