Bibiana Aído considera que es lo mismo que un taller mecánico realice un descuento para cambiar los neumáticos a que lo haga una clínica para que una joven aborte. Eso al menos se desprende de su lacónica respuesta a los medios que le preguntaron sobre la cuestión: «Hay 4.00 empresas adheridas al Carné Joven en Andalucía».

Banalización del aborto
En el fondo es exactamente el mismo argumento que utilizan las clínicas abortistas: «Es un servicio que contratamos y un descuento cualquiera, como encuentra el joven cuando quiere ir a cines, teatros y este tipo de cosas».
Banalización del aborto hasta extremos incomprensibles que no comparte buena parte de una sociedad que se mostró escandalizada con la iniciativa que promueve la autonomía gobernada por José Antonio Griñán.
Por ejemplo, las juventudes de UPN acusaron al PSOE de «frivolidad». Su presidente, Fermín Alonso considera que es la demostración de que los socialistas «entienden el aborto como un bien de consumo más y no como el drama que es» e «intentan normalizar» su práctica.
Para Javier Arenas, presidente del PP andaluz, las prioridades de su partido cuando gobierne «no serán facilitar ni abaratar el aborto sino que haya mucho más empleo en Andalucía».
Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir considera que «con la ley impuesta por Zapatero en contra de la opinión de los españoles, entramos en una nueva fase de promoción comercial del aborto, en la que esta práctica aberrante se venderá con políticas comerciales tan agresivas como las que se utilizan para vender el aceite del coche o vuelos turísticos. Con el aborto indiscriminado ya en el BOE, lo siguiente es la competencia pura y dura de las carnicerías abortistas para atraer clientas cada vez más jóvenes. El presidente del Gobierno ha convertido a las jóvenes en carne de cañón de un experimento ideológico y de una industria desalmada».
Manuel Cruz, director de la Fundación Vida, lamenta que estemos «ante una de la primeras consecuencias de una mala legislación, que facilita aberraciones como esta campaña, que permite la promoción de un mal como un servicio más de las instituciones. Es penoso que el Gobierno andaluz haya caído en esta demagogia para captar votos cuando ven peligrar su mayoría en las próximas elecciones autonómicas».
En una línea similar se pronunció el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, que considera que es una «barbaridad» y supone una «absoluta trivialización de la importancia de la vida».