ESPAÑA-. ( AGENCIALAVOZ.ORG ) Las menores de 16 y 17 años que decidan abortar sin informar a sus padres alegando que pueden sufrir violencia intrafamiliar tendrán que convencer de esta situación al médico, quien, a su vez, podrá recurrir a un psicólogo o a un trabajador social para que corrobore la versión de la chica.

Así se desprende del borrador del desarrollo reglamentario de la nueva ley del Aborto que se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo lunes, para pasar después por el Consejo de Estado y ser aprobado finalmente en el Consejo de Ministros, en forma de real decreto, antes del 5 de julio. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, informó ayer de que las jóvenes que decidan poner fin a su gestación acudirán al centro sanitario, por «regla general», acompañadas de sus padres o tutores legales. En el caso de que esto no ocurra, y la menor afirme que tiene «miedo o temor a sufrir violencia intrafamiliar o coacciones o algún tipo de presión que pueda torcer su voluntad», será el médico quien autorice la interrupción del embarazo sin que lo sepan sus padres. «El médico tiene que evaluar las circunstancias», indicó Jiménez, quien agregó que si éste tiene dudas puede solicitar «el informe de un psicólogo o a un trabajador social que certifique que ese miedo puede existir sobre la menor». Si la joven no quiere acudir a la clínica con sus progenitores, podrá presentar una carta firmada por alguno de ellos, con fotocopia del DNI que acredite que son conocedores de los hechos. La Organización Médico Colegial (OMC) criticó ayer el reglamento por entender que carga con demasiada responsabilidad al colectivo de los médicos, una circunstancia que podría generar «inseguridad jurídica» a este colectivo que será el «responsable» último de la decisión. La Plataforma Ciudadana «Derecho a Vivir» también lamenta que sean los médicos los encargados de tomar la última decisión, mientras que el Foro de la Familia ha presentado una campaña de información contra la ley dirigida a los padres para denunciar lo que su presidente, el asturiano Benigno Blanco, denomina «adoctrinamiento ideológico» del Estado en materia de educación sexual.