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Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma ser partidario del aborto

, Posted by Coalition International Presence at 9:08

PERU.-Un reciente artículo publicado en el diario La República el día 28 de setiembre con el falaz título de “Crónica de muertes evitables”, nos confirma la posición a favor del aborto del actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán (DG). Pero no solamente eso, sino su total mimetización o endose con la argumentación de las ONG´s abortistas.

Todo ello demuestra de manera contundente la previa parcialidad de quien tiene que presidir la Corte que verá el caso que se lleva contra el Estado de Costa Rica, por señalar que las técnicas de fecundación in vitro atentan contra la vida de los concebidos durante el proceso.

Lo más grave, es que toda esta argumentación sólo puede ser sostenida si García Sayán no considera al concebido como una persona, y que por no serlo, no tiene dignidad y derechos. En el artículo la vida de la persona concebida es ignorada. La posición de García Sayán es contraria a la mayoría de Constituciones políticas de América.

Para darnos cuenta exactamente algunos de los postulados de este abogado, hemos puesto el artículo con las críticas al respecto. Realmente es asombroso el nivel de ideologización de DG que lo acerca al feminismo radical.

Crítica

En el Perú se producen más de 350 mil abortos clandestinos al año; 100 mil de ellos en Lima. Lo que significa muerte y con exclusión. Lo primero, porque las condiciones en las que se practican los abortos llevan a que un alto porcentaje de mujeres muera. DG utiliza las cifras de las ONG´s abortistas, en lugar de atenerse a las cifras oficiales sobre el aborto clandestino. La estrategia abortista es inflar las cifras, las cuales se basan en métodos estadísticos dudosos, como los que hace el Instituto Guttmacher.

Según el Movimiento Manuela Ramos, el 15% termina con la muerte de la madre. Lo segundo, porque la conexión causal entre aborto y muerte materna afecta especialmente a las mujeres más pobres. Frente a esta dramática realidad es lamentable que no exista una política de Estado proactiva en esta materia y que el tema no reciba la atención que merece por ningún sector político. Nuevamente cifras de ONG´abortistas, en este caso Manuela Ramos (cuyo objetivo es el aborto libre hasta el tercer mes). DG, que es abogado, desconoce que la mortalidad materno infantil no disminuye despenalizando el aborto, sino, como se ha demostrado en Irlanda y Chile, mejorando la atención de salud a la madre y el niño.

Por otro lado, DG siguiendo al pie de la letra el discurso abortista ignora la existencia de otra vida, la inocente y frágil vida del niño concebido.

Algo se puede y debe hacer al respecto. Es obligación de la sociedad y el Estado ofrecer algo distinto que la persecución penal, enfrentar los prejuicios que pudieran existir y no dejarse apabullar por el oscurantismo de un sector eclesiástico ultramontano DG, ataca a la Iglesia por oponerse al aborto. Cae en la fácil injusticia de olvidar que el “No matarás” no es un prejuicio, sino la base de la civilización, a la cual se une el principio de defender a los más débiles de la sociedad, entre ellos el concebido. Defender la vida por nacer, para DG, es oscurantista.

Las mujeres que se someten a un aborto pueden ser sancionadas con penas de 1 a 3 años de cárcel; quienes lo practican pueden ser condenados a 6 años de pena privativa de la libertad. ¿Para qué sirve eso? Especialmente para acentuar la exclusión y la marginalidad pues actúa esencialmente contra mujeres pobres en el contexto de las paupérrimas condiciones en las que los abortos clandestinos se practican. Y la ilusión, sólo la ilusión, de que la persecución penal sirve para algo. Nadie quiere que una mujer vaya a la cárcel o por abortar, como nadie en sus sano juicio considera que basta con la pena para disudir del delito.

DG olvida que una de las funciones de las leyes es persuadir a que no se cometa el delito, y también pedagógica, es decir, señalar qué va contra la dignidad o los derechos del otro.

Siguiendo dicho criterio se debería despenalizar el robo menor.

¿Qué hay que hacer al respecto? Como condición previa, considerar este problema como lo que es: un asunto de salud y de política pública. Y que concierne a toda la sociedad, pero en particular a sus autoridades que no pueden ponerse “de perfil” en el tema. DG nuevamente sigue el discurso abortista, el cual basado en cifras infladas, señala que el aborto es uno de los temas que deben entrar en la agenda de salud pública. Pero esto de poner en la agenda pública es sólo para seguir con los siguiente dos pasos.

Se deben dar urgentemente dos pasos. Para empezar, abrir un debate franco y sincero como el que se está abriendo en Colombia por iniciativa del gobierno. Lo del “debate franco” es parte también de las estrategia abortistas de las ONG´s peruanas.

Cuando se habla de de “debate franco”, DG quiere decir que se debe partir que la vida del concebido pueda estar sujeta a la decisión de la mujer. Es decir que la mujer puede eliminar a su hijo. Es como si DG dijera que los “derechos humanos” también deben ponerse en un “debate franco”. DG olvida que hay principios que no son debatibles porque implican tal grave injusticia que pone en entredicho las bases de la sociedad.

La metodología que vienen siguiendo en Colombia es un muy buen ejemplo a tomar en cuenta. Durante un año una comisión encabezada por el viceministro de Justicia ha preparado un diagnóstico con propuestas. El documento ya es público. Sobre esa base, esta semana el Consejo de Política Criminal –en el que participan el gobierno, los tribunales, la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía, entre otros– empezará a discutir el documento y, especialmente, sus propuestas. Entre las propuestas: que el Estado deje de perseguir a las mujeres que deciden abortar y avanzar hacia “una despenalización mucho más amplia que la que actualmente existe”. Como fundamento usa conceptos perfectamente aplicables al Perú. Entre otros, que las cifras “muestran que las leyes altamente restrictivas no están asociadas con bajos índices de abortos efectuados”. Y agrega: “La prohibición absoluta no evita los abortos.

Cuál es el sustrato que DG no menciona y lo lleva a elogiar la “metodología” colombiana. Que desde el 2006 en Colombia se ha despenalizado en 3 casos: por violación, eugenésico y cuando peligra la salud de la madre. DG elogia que se esté discutiendo “una despenalización mucho más amplia”, lo que ratifica que la despenalización de algunos casos de aborto, es la estrategia para despenalizar cada vez más casos, hasta conseguir el aborto libre como propone la ONG Manuela Ramos, que es citada más arriba. Y que además señala que esos criterios se podían aplicar al Perú.

Por último DG termina con lógica falaz señalando que un argumento para la despenalización es “la prohibición absoluta no evita los abortos”, efectivamente como tampoco la prohibición absoluta de los asesinatos y robos lo hace, pero nadie propone su eliminación porque lo que busca la norma es persuadir.

Por el contrario, hace que se realicen en condiciones precarias de clandestinidad”. Pero más allá de la coincidencia o no con todo lo que el documento pueda decir, lo que debe resaltarse es que hay un trabajo muy serio para un debate que se ha abierto y que se traducirá en decisiones de Estado antes de fin de año La estrategia es hacerlo entrar en debate, manejar los medios, hacer lobby con el Estado y sacar las leyes abortistas adelante.

Pero sin esperar a que el debate culmine o se cambien las normas en el sentido que se decida, se puede dar otro paso urgente y de enorme relevancia: campañas masivas y de gran impacto de educación sexual y salud reproductiva. Entre otras cosas, para prevenir el embarazo adolescente pues en el Perú entre el 10% y el 14% de los abortos se practica a jóvenes de 15 a 19 años. Emprender estas campañas en serio tiene que ver con el indispensable papel proactivo del Estado. “Campañas en vez de cárcel” es el lema que propone la comisión colombiana. Segundo paso, campañas masivas y de gran impacto de educación sexual y salud reproductiva.

En el Perú, estas campañas, orientadas especialmente en los colegios estatales, prescinden de los padres y se le da un valor mucho más al uso de preservativos y anticonceptivos que al respeto y dominio personal. Las consecuencias de este sesgo al consumo de pastillas es la afición a poner “parches” a la falta de control personal y, por otro lado, a que las chicas terminen aficionándose a llenarse el organismo con hormonas con efectos colaterales para su salud.

Podemos ver el caso de países que comenzaron dando anticonceptivos y luego no pudieron manejar la demanda.

Es loable y un muy buen ejemplo a tomar en cuenta eso de poner en la cancha para el debate no “un tema” o una idea general, sino una propuesta de política pública con un sólido estudio de por medio. Es preocupante que en nuestro país, durante los últimos años haya predominado la indiferencia frente a los abortos clandestinos o, en el mejor de los casos, la ilusión de que la política vigente de persecución penal sirve para algo. No sirve para nada. Pretender tapar el sol con un dedo nunca es solución. Cuando están de por medio las vidas de miles de mujeres cada año, pasa a formar parte de una siniestra complicidad con la muerte.

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