ESPAÑA-.El Tribunal Constitucional (TC) ha retomado esta semana el debate sobre el recurso del Partido Popular contra la Ley de matrimonio homosexual aprobada por el Gobierno socialista del ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero.

El asunto figuraba en el orden del día de los plenos del martes, 30 de octubre, y del miércoles, 31. Sobre la mesa está la segunda ponencia del magistrado Pablo Pérez Tremps que, al igual que la primera, avala la constitucionalidad de la norma. Según fuentes del tribunal de garantías que cita la cadena Ser, el borrador incluye modificaciones puntuales, respecto del que el pleno analizó en su última reunión.

Estas mismas fuentes apuntan a que el desenlace está cerca porque la discusión ahora solo se centra en la motivación de la sentencia, en los argumentos jurídicos que fundamenten que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

El alto tribunal comenzó los debates del recurso del PP el pasado mes de septiembre. Lo hicieron solo once de los doce magistrados. El conservador Francisco José Hernando se abstuvo de participar en ellos porque cuando era Presidente del Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces emitió un informe técnico crítico con esta ley.

Un tribunal trasnochado

El Tribunal Constitucional vive una situación de desprestigio desde hace tiempo provocada por la ausencia de renovación de sus miembros. A pesar de que ya está pactada entre los dos principales partidos del Congreso (PP y PSOE) su renovación todavía no se ha hecho efectiva.

Por eso, querer sacar ahora esta sentencia sobre un tema tan conflictivo puede ser entendido entre un juego entre el PSOE y el PP en el que ganan los dos. Porque la mayoría de los jueces que integran el TC en la actualidad son prosocialistas elegidos por el PSOE de Zapatero, a lo que hay que sumar que se ha forzado que no intervenga el magistrado Francisco José Hernando porque en su momento emitió un jucio crítico sobre la Ley que se debate. Es pues una mayoría reforzada socialista la que existe en el TC, sin embargo esta ley ganó en el Parlamento por una mayoría relativa y fue derrotada en el Senado. Si España fuera un país con un Senado creíble la norma no se habría aprobado. En este contexto está claro que la constitucionalización de la ley favorable al ‘matrimonio’ homosexual tendría que hacerse en unos términos que fueran incuestionables, no en un tribunal que ha caducado su fecha de consumo.

¿A qué lectura se presta, para desprestigio de las instituciones judiciales y del propio TC, que bastante desprestigiadas están?, pues que el PSOE gana porque le mantienen una ley emblema del Zapatero, y el PP gana en el sentido de que no se siente obligado a modificar la ley. De esta forma el PP consolida la línea que mantiene una gran parte del PP que dice que si la ley es constitucional ya es suficiente.

Sin embargo, el PP no se da cuenta de que no tiene nada que ver una cosa con la otra: la condición necesaria es que una ley sea constitucional, pero esta no es una razón suficiente, los gobernantes deberían hacer las leyes que consideran buenas, una norma puede ser constitucional, pero después ser buena o no. La pregunta es: ¿el PP considera buena la ley del matrimonio homosexual? Si la considera buena no la tiene que tocar, si no la considera buena con independencia de cuál sea la sentencia la tiene que abordar tal y como ha hecho con muchas otras leyes, por ejemplo con la de Educación para la Ciudadanía, o por ejemplo con la Ley educativa, que son dos leyes perfectamente constitucionales y que el PP modifica.

Este panorama formula dos preguntas: la primera es ¿cuál es el grado de confianza que le merecen los católicos a las instituciones de este país?, y segunda, ¿cuál es el grado de confianza que le merece el PP cuando después de tanto tiempo todas las leyes emblemáticas del período de Zapatero continúan intocadas: no únicamente la del matrimonio homosexual, sino también la del aborto –por la que ha habido anuncios de reforma sin prosperar aún-, la legislación de la “doble madre”, sobre fecundación asistida, sobre investigación con embriones, sobre identidad sexual. Leyes todas profundamente ideológicas que configuran una ruptura antropológica y cultural inédita en Europa. El PP las está asumiendo como si nada,.

Regresando al caso del magistrado Francisco José Hernando, la razón por la que se le fuerza a que no tome parte en la sentencia es porque con anterioridad, y como profesional, emitió como miembro del CGPJ un informe técnico en contra. ¿Esto quiere decir que la mejor garantía para que un miembro electo del TC sea ecuánime en sus decisiones es que no se haya mojado nunca en nada? Porque si tener opinión técnica –no política- le invalida, entonces quiere decir que un miembro del TC para garantizar que no le dejen fuera de un tema no debería opinar, por lo que tendríamos una banda de iletrados que no escribirían, ni harían artículos ni libros técnicos porque eso les comprometería. El Constitucional en caída libre.