CANADA.-El miércoles pasado, según informa LifeNews, la Ministra de Educación de Ontario (Canadá) realizó un anuncio público que podría tener consecuencias terribles para los católicos de aquella región y, potencialmente como precedente, para los de todo el mundo.

La Ministra, Laurel Broten, declaró que según una nueva ley aprobada contra el acoso escolar, las escuelas católicas no podrían enseñar que el aborto es algo malo. Si lo hicieran, se consideraría un ataque contra la mujer, penado por la ley, que busca “construir un entorno escolar positivo e inclusivo", con un “compromiso largo plazo para llevarlo a la práctica y cambiar la cultura escolar". La Ley de Escuelas Acogedoras fue aprobada por el Nuevo Partido Demócrata, con los votos en contra del Partido Conservador. La ley requiere que todos los consejos escolares tomen medidas contra el acoso escolar, endurece las consecuencias legales del acoso y “apoya a los estudiantes que quieran promover la comprensión y el respeto por todos".

En junio, cuando se aprobó la ley, los obispos católicos protestaron contra ella, porque dentro de esa “comprensión y respeto por todos” se incluía la obligación de que los colegios (también los católicos) permitieran la creación de asociaciones y clubes escolares de tipo gay. Ahora, sin embargo, parece que el peligro para los colegios católicos es mucho mayor, según unas declaraciones realizadas por la Ministra de Educación sobre las consecuencias que va a tener la ley en relación con la doctrina católica.

La Sra. Bronten, según ha recogido sus palabras la propia Oficina del Primer Ministro de Ontario, declaró en respuesta a una pregunta sobre si los colegios podrían enviar a sus estudiantes a concentraciones provida: “Con la aprobación de la propuesta de ley 13 somos muy claros en establecer que no puede enseñarse en nuestros colegios la doctrina católica que vulnera los derechos humanos y que introduce una falta de acogida en los colegios“. Curiosamente, también afirmó, de manera contradictoria: “No creo que haya un contraste o un conflicto entre elegir una educación católica para los hijos y defender el derecho de una mujer a elegir”.

Lógicamente, los periodistas pidieron que aclarase esas afirmaciones contradictorias, y la Ministra explicó: “La propuesta de ley 13 contiene una clara estipulación de que hay que asegurar que nuestras escuelas son lugares seguros y acogedores para todos nuestros estudiantes. Eso incluye a los estudiantes LGBTQ. Eso incluye a las chicas jóvenes de nuestros colegios. La propuesta 13 busca enfrentarse a la misoginia; arrebatar a las mujeres el derecho a elegir podría considerarse una de las acciones más misóginas que pueden realizarse”.

La organización LifeNews ha afirmado que “nunca habían visto un ataque gubernamental a la libertad religiosa como el que promete la Ministra Broten". Este grupo provida se ha puesto en contacto con todos los obispos de Canadá y con el nuncio para ponerles al corriente de la situación y está preparando una campaña de respuesta a esta postura del gobierno regional de Ontario.

El Cardenal Thomas Collins, Arzobispo de Toronto, declaró el jueves pasado ante el Ministro de Ciudadanía e Inmigración en una cena anual que “defender a los sin voz es nuestra misión” y que “tanto la constitución como la ley de Educación dejan claro que debe respetarse la identidad católica de los colegios". También pidió la protección de “la libertad de todos en la comunidad escolar para llevar a cabo actividades pro-vida, con objeto de promover una cultura de la vida en la que los más vulnerables y los que no tienen voz entre nosotros son protegidos y honrados durante toda su vida en la tierra, desde la concepción hasta la muerte natural“.

Esta nueva ley, según la interpretación que la Ministra Broten hace de la misma, podría suponer que el catolicismo queda fuera de la ley en esta provincia de Canadá. Ya no podría defenderse la doctrina católica sobre un tema fundamental en la provincia de Ontario, que tiene un 35% de católicos (cuatro millones de personas).

Ante estas cosas, es dificil no pensar que las leyes de “tolerancia", “inclusividad", “aceptación” y “libertad” únicamente toleran, incluyen, aceptan y dan libertad a los que no son católicos. En cambio, suponen un ataque larvado y progresivo a los católicos que sólo puede terminar en el intento gubernamental de acabar con la doctrina católica por la fuerza.